Los miembros de la mesa legislativa reconocieron la determinación de
la Prefecta para contratar la histórica obra de forma clara y en
estricto cumplimiento de la normativa vigente
Los asambleístas
integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la
Asamblea Nacional, reconocieron la forma correcta y transparente como la
prefecta Susana González llevó el proceso precontractual, contractual y
de ejecución del dragado del río Guayas en los alrededores del islote
El Palmar, una obra que se hace realidad tras 54 años de espera.
Los
legisladores escucharon a la delegada de la máxima autoridad de la
provincia, Daniela Zamora, coordinadora de Compras Públicas de la
Prefectura del Guayas, quien presentó un informe completo y
pormenorizado de este proceso de contratación, que se llevó a cabo
acompañado siempre por los organismos pertinentes y en cumplimiento
estricto de la normativa vigente.
El contrato fue firmado con el Consorcio Dragando por Guayas el pasado 18 de mayo,
por $ 44’016.862, valor que representa $ 63 millones menos de lo que
estuvo planificado, los cuales serán reinvertidos en obras y servicios
para los ciudadanos.
Asimismo, son más de 6 millones de metros
cúbicos los que se van a extraer, es decir más de 2 millones de lo que
estaba planificado en los anteriores procesos de contratación.
Esteban
Fuertes, director de Supervisión del Servicio Nacional de Contratación
Pública (Sercop), dijo que esta entidad incluso realizó, de oficio, un
monitoreo. Respecto de los reclamos presentados por dos oferentes,
indicó que esa institución definió que la Prefectura podía continuar el
proceso, “en razón de que los descargos fueron presentados en debida
forma”.
Fernando Villavicencio, presidente de la comisión de
Fiscalización, reconoció la claridad y transparencia del informe
presentado sobre este proceso, llevado desde sus inicios por la prefecta
Susana González.
“Destacamos el interés de los que podemos
fiscalizar el proceso precontractual, que lo ha hecho bastante bien la
Prefectura del Guayas, con una explicación muy precisa”, resaltó el
legislador.
Por su parte, la asambleísta Soledad Diab, integrante
de la comisión, agradeció la comparecencia, aunque hizo notar que la
Asamblea Nacional no es el órgano que debería fiscalizar las actuaciones
de las prefecturas, ya que -según precisó- estas son fiscalizadas por
la Contraloría General del Estado, así como por el Consejo Provincial,
en el caso de la Prefectura.
“En este caso concreto, incluso el
Sercop ha analizado este proceso sin que exista ninguna observación o
cuestionamiento al mismo. No obstante, se resalta la actitud de la
Prefectura de transparentar la información, cosa que celebramos aquí
todos los miembros de la Comisión de Fiscalización”, señaló.
Daniela
Zamora, de su lado, concluyó diciendo que, para la máxima autoridad de
la provincia, es importante el ejercicio de rendición de cuentas. “La
transparencia, la integridad son principios rectores de la
administración de la prefecta Susana González, y que anhelamos que sean
replicado en todos los servidores públicos”, enfatizó.
