Durante un conversatorio con miembros de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la primera autoridad guayasense reveló que la provincia le debe USD 140 millones a Concegua y Conorte.
Durante un conversatorio con miembros de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la primera autoridad guayasense reveló que la provincia le debe USD 140 millones a Concegua y Conorte.
Un equipo técnico-financiero-jurídico de la Prefectura del Guayas se encuentra levantando información respecto a las concesiones viales en la provincia y para los próximos días se harán públicos sus resultados.
Así lo anunció la prefecta Susana González, en el marco de un conversatorio organizado por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) Núcleo del Guayas, y transmitido en cadena de radios. Los moderadores fueron Kléber Chica, presidente del gremio; Eduardo Mendoza, Mariela Viteri y Carlos Luis Almeida.
Ante el asombro de los comunicadores, González contó que “hoy uno de nuestros mayores acreedores son las concesionarias a las que la Prefectura les debe USD 140 millones. Las concesiones con Conorte y Concegua son las únicas en el país, América Latina y quizás en el mundo, que no generan un recurso a favor de la provincia. Por el contrario, la Prefectura les entrega USD 60 millones al año”.
Explicó que este perjuicio para la provincia se da porque la fórmula aplicada en el momento de las adjudicaciones, no previó cuidar que esas concesiones generen dinero para obras de la Prefectura. “De forma sospechosa los contratos que tenían que vencer, en el caso de una en el 2021, fue ampliada al 2026 perjudicando aún más por varios años a la provincia”.
A manera de rendición de cuentas de sus 40 días laborales de gestión, Susana González detalló que se ha trabajado en temas que han sido postergados por mucho tiempo como la educación rural, el trabajo en equipo con los alcaldes que son los que conocen las necesidades de sus habitantes, las vías de segundo y tercer orden en los lugares de donde sale la producción agrícola.
Uno de los temas importantes era devolverle la institucionalidad a la Prefectura. Por ello una de sus primeras acciones fue invitar a Transparencia Internacional para que acompañe toda su gestión, así como solicitar a la Contraloría la presencia de su equipo de auditores. “El control fiscal era necesario dado a los desusos que se hicieron a los recursos y que se evidenció en la pandemia”.
La principal preocupación al asumir el cargo fue la financiera. Por ello, luego de un análisis, rindió cuentas a los consejeros así como se estableció un mapeo de las obras prioritarias siendo una de las más importantes el dragado del río Guayas. Reveló que junto al alcalde de Durán, Dalton Narváez, ya tiene identificados dos opciones de terreno donde se va a expropiar para depositar allí el material del dragado.
La isla Santay era una alternativa de destino del material pero ha sido descartada por su condición de patrimonio natural por tener categoría de sitio Ramsar. “Ahora dependemos de la licencia ambiental para estar listos para llamar a licitación nacional e internacional”.
En una primera fase, el objetivo es prevenir las inundaciones y devolver la navegabilidad histórica que tuvo el río Guayas por medio de extraer 6’190.000 metros cúbicos de sedimento. El dragado costará USD 38,9 millones lo que significa un importante ahorro si se toma en cuenta que el anterior contrato era de USD 70 millones. De ese proceso, se encuentran en el Ministerio de Finanzas USD 13 millones de un crédito no reembolsable del BEDE que serán destinados para la expropiación del terreno, fiscalización, garantía y licencia ambiental.
Anunció la próxima presentación de un plan vial que incluye la construcción de 32 puentes y que fue diseñado por Gabriel Cabezas, quien trabajó en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. “Estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas para acceder a la garantía soberana ya que lo financiaremos con un crédito de la CAF”.
También continuará con la firma de convenios a fin de dotar de la maquinaria a los municipios para trabajar en las vías rurales. El equipo va por cuatro meses y trabaja en unos 25 km de cada uno de los cantones.
La Prefecta detalló acciones como la revisión de contratos y bajar procesos que estaban viciados. De 91 contratos 41 están siendo revisados y cuatros ya fueron dados de baja.
Susana González ratificó que se insistirá ante el Ministerio de Finanzas la entrega de la data con la que se aplica la fórmula para la entrega de recursos a los GADs. “Entre mayo y diciembre la Prefectura contará con USD 33 millones menos por lo que debemos rediseñar un orgánico y un distributivo nuevos, así como hacer una reprogramación del PAC y del POA del año que viene”.
Por ello explicó el plan de eficiencia y optimización del gasto público que conlleva a prescindir de personal, respetando los derechos de los trabajadores, buscando convertir a la Prefectura en un ente técnico y no político. “Es imposible sostener una nómina tan alta frente a un presupuesto que ha sido disminuido en un 66%”.
La Prefecta aclaró que su plan de trabajo tiene que ver con infraestructura pero también con el desarrollo humano. “Buscamos mejorar la calidad de vida de los guayasenses, erradicar la pobreza lo que significa generar oportunidades. Guayas merece mejores tiempos”.
Enumeró programas como el de la entrega de internet gratuito para favorecer la educación rural donde ya hay 17.000 niños y jóvenes ya conectados, y que están rompiendo la brecha que separa a los niños del campo con los de la ciudad; el mejoramiento y ampliación de los servicios del Centro Integral de Terapias y su extensión a los cantones Durán, Balzar y Milagro; la ampliación en materia de deportes a programas multidisciplinarios que beneficien por igual a niños y niñas, entre otros.
